La marcha atrás de la FIFA con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no fue el final de la polémica. Apenas unos días después de que Gianni Infantino retirara la iniciativa para abrir a inversionistas privados parte de los derechos comerciales del Mundial, la UEFA dio un paso más al advertir que estudia emprender acciones legales contra el organismo rector del futbol.
El organismo europeo envió una comunicación formal a la FIFA en la que solicita la conservación inmediata de toda la documentación relacionada con el proyecto, tanto en formato físico como digital. La petición incluye comunicaciones internas, documentos financieros, intercambios con miembros del Consejo de la FIFA y cualquier archivo vinculado al desarrollo del FFE, al considerar que podrían ser relevantes en un eventual procedimiento judicial o arbitral.
La medida no significa que exista una demanda presentada, pero sí representa el movimiento más firme de la UEFA desde que comenzó la controversia. El organismo considera que el proyecto fue impulsado sin la transparencia necesaria y que la forma en que se intentó aprobar vulneró principios básicos de gobernanza dentro de la FIFA.
Una crisis que ya supera al proyecto FFE
El rechazo al FFE provocó una inédita alianza entre la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol, además del distanciamiento de varias federaciones nacionales que retiraron su respaldo a Gianni Infantino rumbo a las elecciones presidenciales de 2027.
Con el proyecto ya cancelado, la disputa cambió de escenario. El foco ahora está en determinar cómo se gestó la propuesta, quiénes participaron en su elaboración y si existieron irregularidades en el proceso de consulta a las federaciones miembro.
La posibilidad de una batalla legal añade un nuevo capítulo a una crisis que amenaza con redefinir el equilibrio de poder dentro del futbol internacional. Mientras la FIFA intenta contener el impacto político del episodio, la UEFA busca que se esclarezca el origen del proyecto y que los responsables rindan cuentas, manteniendo abierta la posibilidad de acudir a instancias regulatorias o de arbitraje si considera que la explicación del organismo no resulta suficiente.